El indicador económico que recoge los gastos anuales de un país en actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D). Sobre su dimensión, estructura e impacto sobre parámetros como la productividad gira la política tecnológica y científica de los gobiernos, conectada de forma muy estrecha con la política industrial y algunas de desarrollo territorial. Estas políticas suelen formalizarse en programas plurianuales en los que se concretan las actividades que habrán de desarrollarse y los objetivos que se pretende alcanzar.
La política tecnológica es una incorporación reciente a la acción pública. Las expectativas generadas por las nuevas tecnologías surgidas en la década de 1970 condujeron a su formalización en algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la década siguiente se manifestó un cierto conflicto entre las expectativas que generaban las innovaciones (a las que se unió la biotecnología) y el limitado crecimiento económico real. Fue en la década de 1990 cuando comenzaron a obtenerse resultados más tangibles de las innovaciones, a la vez que éstas empezaron a difundirse en otros sectores industriales. Estos avances estuvieron basados sobre todo en el uso de la información, y sustentados en costes de reemplazo decrecientes en términos reales (ley de Moore), así como en la expansión de las redes de comunicación, cuyo valor se amplia de forma exponencial (ley de Metcalffe).